La dictadura aprovechó la catástrofe de fuego del 41 para ordenar el urbanismo y, de paso, las clases sociales. Tuteló un proceso de expropiación y subasta de los solares incendiados que desató una vertiginosa especulación inmobiliaria. Proyectó un centro, comercial y residencial, reservado a familias acomodadas, mientras los antiguos propietarios fueron desterrados a poblados de casas baratas construidos en las afueras. Barrios que dejaron en herencia un desordenado extrarradio proyectado a impulsos.

Cuando se apagó el fulgor de las llamas, una tiniebla cenicienta y un amargo olor a madera y tierra calcinada empañaron aquel invierno del 41. Durante varias semanas un purulento hedor apestó la ciudad y envenenó de tristeza a sus habitantes desnudos, a quienes el fuego arrebató todas sus pertenencias y recuerdos. Hubo un frío extraño que no curaban las tres mil mantas y los quinientos jerseys que llegaron de Bilbao en un primer socorro.

Desaparecieron cuatrocientos edificios –más de 1.700 viviendas- y cuarenta calles, 508 comercios; 9 imprentas y 155 hoteles, pensiones y bares. La ciudad -y no sus habitantes- capitalizó una tragedia colectiva, ausente de nombres propios y rostros.

Desde entonces, las llamas han justificado el escaso patrimonio histórico de esta ciudad. Pero, según el historiador cántabro Miguel Echevarría, en el momento del siniestro el patrimonio medieval de la ciudad ya era prácticamente inexistente y el fuego calcinó sobre todo elementos clasicistas y barrocos. Los principales edificios desaparecidos “fueron en su mayoría, un 70 por ciento, de los cuatro últimos siglos. Solo dos eran construcciones medievales y una del siglo XVI”, sostiene.

En cambio, sí provocó una importante pérdida arqueológica del subsuelo de la ciudad, con los desmontes de Somorrostro y La Ribera; de fondos documentales y archivos, al igual que topónimos “de varios siglos de antigüedad que desaparecieron con el replanteamiento del trazado viario” como Azogues, Blanca, Infierno, Ribera, Pescadería, Peso, Socubiles, Tableros, Tremontorio, Vieja y Viento.

El fuego se llevó por delante una orografía más empinada y una cartografía caprichosa, una retícula de calles estrechas. La tragedia alumbró la oportunidad de trazar una nueva geografía urbana. Algunas voces sostienen que a Santander le tocó ser escaparate de la capacidad de reconstrucción del régimen de Franco, que optó por hacerlo todo nuevo.

De hecho, se utiliza el modelo de ciudad orgánica planteado por  la Dirección General de Arquitectura, explica la experta en ordenación urbana Ángela de Meer. Un centro representativo, la Plaza Porticada, un eje espiritual -desde la Catedral a la iglesia de la Compañía- y el corazón de la ciudad, que era el eje comercial y de servicios con Lealtad, San Francisco y Rualasal. Y a ello se suman unas áreas periféricas que eran como los miembros del cuerpo, lo que tenía menor importancia.

Un plan que no tuvo remilgos en borrar lo poco que dejó el fuego. Se derribaron restos de edificios relevantes como el Palacio de Riva Herrera o la capilla de Santiago. Se destruyó también la manzana que había sobrevivido entre San Francisco, Puerta de la Sierra, La Paz e Isabel II, para trazar Juan de Herrera. Se destrozó la puebla vieja al aplanar el cerro de Somorrostro para prolongar Isabel II y Lealtad hacia el mar. Las únicas construcciones religiosas que se salvaron parcialmente fueron la Catedral y la Iglesia de la Compañía. “Si el incendio arrasó la parte más antigua de Santander, la reconstrucción consumó la pérdida definitiva del patrimonio histórico al proyectar un barrio de nueva planta que no respetaba la herencia urbana recibida”, estima Echevarría Bonet.

▲ El Edificio de La Polar fue el primer en ponerse en pie tras el incendio. Foto: Joaquín Arauna. Fondo Joaquín y José Luis Arauna, CDIS / Ayuntamiento de Santander. Las imágenes del vídeo pertenecen a las colecciones Victor del Campo y Joaquín y José Luis Arauna / CDIS / Ayuntamiento de Santander  

Pero la verdadera metamorfosis que favoreció el incendio fue la jerarquización social de la ciudad. El éxodo de los antiguos habitantes del centro, con pocos recursos económicos, hacia casas baratas de la periferia y la conquista de esa geografía por una clase social acomodada. Santander renegó de su genética y se reinventó un pedigrí más urbanita y burgués.

El incendio liberó 115.421 metros cuadrados de suelo en el corazón de la ciudad que fueron expropiados para unificar solares y formar nuevas manzanas y calles. De ellos se beneficiaron familias pudientes vinculadas al régimen, entidades financieras y de seguros, mientras sus antiguos propietarios fueron expulsados al extrarradio. “Ésta acción puede juzgarse como poco ética, hoy en día se optaría por una renovación urbana que integrase a todos los sectores de la población”, estima la arquitecta Carmen Valtierra.

El Archivo Municipal de Santander guarda una exhaustiva relación de las profesiones de los habitantes afectados por el siniestro, portal a portal, que evidencia la depuración clasista del proceso. En Rualasal vivían un alférez provisional, un policía armado y “un cesante y callista”. En Rúa Menor, un escribiente, una fregadora y un sereno; en Méndez Núñez, “un fondista de huéspedes” y en las casas del Regato, jornaleros y un carabinero.

Para los vecinos humildes que quedaron sin hogar se construyeron casas baratas en las afueras: en Canda Landáburu (200 viviendas), Campogiro (78) y los grupos Pedro Velarde (348) y José María de Pereda (135); Pero Niño es el único barrio para clases obreras que se edifica en la zona siniestrada. El de Santos Mártires (162), entre Los Acebedos y Vía Cornelia, es el primero que se levanta más cercano al centro donde también se construyeron viviendas para militares en la calle San José.

En total, se levantaron 1.199 de las 3.011 viviendas prometidas de rentas medias y bajas en el proyecto de reconstrucción de la ciudad.

El área afectada se parceló en cerca de cuatrocientos solares donde se construyeron 90 edificios con casi dos mil viviendas de renta alta. En el año 50 sus inquilinos pagaban entre 500 y 1.300 pesetas de alquiler, frente a las 15 de Canda Landáburu. El gobernador civil de Santander, Joaquín Reguera Sevilla, definía a los habitantes de estas casas como “gentes que han sido azotadas por la vida, unas veces por sus defectos (holgazanería, vicios, picaresca, irresponsabilidad) o por sus desgracias (defectos mentales o físicos, ambiente en que han nacido). (…) Con tales asentamientos, en esta especie de propiedad vigilada, se logra que no destrocen la vivienda”. En este poblado se alojaron doscientas familias. Había una escuela, un comedor de auxilio social y un régimen de vigilancia, con premios y castigos, a cargo de un ‘tutor social’ que podía condonar el pago de la renta a las casas muy limpias o expulsar del poblado a quienes perturbasen la moral (alguna hubo por escuchar Radio Pirenaica).

La depuración social de la ciudad se completó, posteriormente, con la expulsión de los pescadores de Puertochico y Tetuán al nuevo poblado Sotileza, de 294 casas, en el Barrio Pesquero.

El proyecto de reconstrucción incluyó, además, otros grupos de viviendas de rentas bajas que no estaban destinadas a los afectados por el incendio pero que sí supuso la reconfiguración de la ciudad. Es el caso de las viviendas de Renfe en Cajo (120), la ampliación del Grupo Porrúa, el grupo Navidad (20) y el Grupo Calle San José para militares (42).

Valtierra, en un trabajo realizado para la Universidad de Navarra, coincide en que la reconstrucción “cambió el funcionamiento de la ciudad: El desplazamiento de la población de clases bajas asentadas en las viejas casas del centro hacia la periferia, con el consiguiente crecimiento de la ciudad en sus márgenes”.

La memoria del último plan urbanístico de Santander también alude a “un modelo de crecimiento urbano periférico desarticulado, zonificado e incluso marginal. Una nueva estructura urbana apoyada en la segregación y en la asignación a los propietarios del suelo y promotores inmobiliarios de un destacado papel en su evolución urbanística”.

Transformación social y morfológica

Hubo, por tanto, dos transformaciones derivadas del fuego. Una social y otra morfológica. Los responsables de la dictadura quisieron crear un Santander más higiénico, moderno y luminoso con grandes vías y decretaron que, en lo sucesivo, solo podría haber casas de cemento, calles asfaltadas y comercios lujosos. Una zona residencial de calidad, de usos administrativos y comerciales.

“El diseño urbano siguió lo que estaba de moda en aquel momento. Una ciudad concéntrica con grandes avenidas comerciales en favor del tráfico rodado -no existían las mismas preocupaciones sobre sostenibilidad y medio ambiente de hoy- aunque fomentando el transporte público, con el trazado del tranvía”, explica Valtierra.

El centro se convirtió en un espacio llano. Para ello se procedió al desmonte del cerro de Somorrostro –el actual Pasaje de Peña atraviesa lo que aún queda de él- de donde se extrajeron trescientos mil metros cúbicos de tierra con los que se construyó la explanada del Camello.

Se dibujó un nuevo trazado para el tranvía, calles más anchas y un área comercial entre San Francisco, Juan de Herrera (que unió el Ayuntamiento con Hernán Cortés) y Calvo Sotelo, después de que la vida mercantil de la ciudad padeciese una década de provisionalidad en barracones.

Nacieron vías perpendiculares al mar como Lealtad e Isabel II. Atarazanas se ensanchó para construir Calvo Sotelo. Y, sobre todo, se creó una plaza Porticada que aspiró a convertirse en un nuevo centro de la ciudad. Un espacio rodeado de estrenados edificios oficiales: Gobierno Civil, Gobierno Militar, Ateneo, Hacienda y la Cámara de Comercio. A punto estuvo de trasladarse allí el Ayuntamiento, aunque finalmente cedió el espacio a la Caja de Ahorros.

La reconstrucción es el punto de partida para la unificación de las estaciones de ferrocarril, el relleno del futuro barrio Castilla-Hermida y la urbanización del propio Sardinero hacia cuyo corazón se prolongó Reina Victoria. Santander sienta las bases de lo que es hoy, incluso del desordenado crecimiento de la ladera norte de General Dávila y otros barrios periféricos.

El Plan de Reforma Interior de 1941 construyó inmuebles de mayor altura y densidad de estilo herreriano, clasicista y regionalista que despersonalizaron y uniformaron la ciudad.   “La planificación urbana no daba nociones específicas sobre el estilo arquitectónico a seguir, se limitaba a la zonificación acorde a los diferentes estratos de población”, añade Valtierra.

El proyecto, según desgrana Ramón Rodríguez Llera en su libro ‘La reconstrucción urbana de Santander’, fue degenerando a medida que se empezaron a levantar edificios de alturas caprichosas, sin respetar las ordenanzas. En la actual Calvo Sotelo solo se autorizaron siete plantas, y en Lealtad y Rualasal, cuatro más ático. Basta recorrer la zona para comprobar que se llegó incluso a  duplicar la altura permitida y se abusó de retranqueos para tratar de esconder a la vista áticos ilegales.

La normativa obligaba a que las casas con más de cinco plantas tuviesen dos escaleras y ascensor. Quedaron prohibidos los miradores de madera y los materiales artificiales como imitaciones de mármol y piedra para dar a las edificaciones “el máximo de dignidad”. Los comedores de las casas estaban obligados a medir más de nueve metros cuadrados, seis los dormitorios y tres las cocinas. Además, había que poner ganchos en lo alto de las fachadas, capaces de soportar media tonelada de carga, para andamios y mudanzas.

Expropiaciones y subastas

La subasta de los solares expropiados, algunos en la calle Arrabal ni siquiera afectados por el incendio, derivó en una feroz especulación al multiplicarse rápidamente el valor de los terrenos en sucesivas operaciones.

A todos los propietarios, sin exclusión, se les prohibió reconstruir pisos y locales. La subasta les ofrecía un derecho de tanteo, pero siempre que fuesen dueños de la mayor parte del solar. En la práctica, dicho derecho se negaba mediante cualquier argucia.

Algunos casos son especialmente elocuentes. Sor Dionisia, superiora del Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, expone en un escrito al Ayuntamiento, que cuando ha ido a ejercer sus derechos de tanteo sobre el número 1 de la calle San José -“injusta y violentamente privado del derecho de propiedad”- no se le permite hacerlo. El Ayuntamiento estima “que es de absoluta justicia su petición. (…) No obstante esta Alcaldía le ruega encarecidamente que se abstenga no solo de ejercitar dicho derecho que le corresponde, sino también el derecho a promover esta reclamación”. “Gustosas renuncian a sus derechos como propietarias”, se apresuró a conciliar el capellán del convento.

En otras ocasiones, los antiguos propietarios ‘ceden’ sus derechos de tanteo. Entre otros, Antonio Ribalaygua Mendicouague (hermano de un miembro de la corporación municipal) compró los suyos a Trinidad Suárez para hacerse con el número 8 de la calle Cádiz. Según él mismo informa en una nota manuscrita, que custodia el Archivo Municipal, al alcalde Manuel Mesones -a quien se dirige como “Querido Manolo”- para pedirle el favor de que averigüe si puede ejercer algún derecho sobre esa finca.

Con atrevida frecuencia adjudicatarios de solares y contratistas de la reconstrucción en lugar de comunicarse mediante instancias oficiales con el Ayuntamiento, escriben cartas personales, muchas manuscritas, directamente al alcalde, apelando sin pudor alguno al favor de su amistad para cualquier gestión. “Supongo que el contratista esté realizando gestiones para que se autoricen, remetidas, dos plantas más sobre lo establecido por la ordenanza, para no desentonar con el edificio contiguo de Casanueva”, solicita al alcalde Mesones con desconcertante franqueza un responsable de Falange adjudicatario de dos solares en la calle Cuesta.

La subasta de los solares expropiados derivó en una feroz especulación

La primera subasta -era alcalde de la ciudad Emilio Pino destituido después por discrepancias con Falange- se celebró dos años después del incendio, el 27 de febrero de 1943. Se repartieron los mejores solares de la ciudad en la estrenada vía de Calvo Sotelo, hasta entonces Atarazanas y La Ribera.

El edificio del Banco Hispano Americano –frente a la Catedral- pagó 434.478 pesetas, a 1.450 pesetas el metro cuadrado. Lo adquirió ejerciendo el derecho de tanteo un mexicano, Jesús Díaz de la Fuente, que después lo ‘cedió’ al banco.

La institución financiera también obtuvo otro en idéntica calle presentando unas “células de expropiación” por valor de más de medio millón de pesetas. Las otras tres parcelas de la vía principal quedaron en manos de José María Agüero Regato –presidió la Agrupación Regional Independiente vinculada a la extrema derecha-, Berta Perogordo Losada –de familia acaudalada- y Dimas Pardo Barreda que cedió sus derechos a sus hijas, Pardo Mier.

El Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional financió la compra de los solares con cantidades que oscilaron entre las 73.156 pesetas que recibió Perogordo, a las doce mil del Hispano.

Además, se concedieron exenciones fiscales. Hubo nuevos propietarios que no pagaron impuestos incluso en veinte años, a consecuencia de la medida de gracia dictada por el alcalde.

El reparto en las calles Lealtad y Emilio Pino, Juan de Herrera o la plaza de Los Remedios siguió procesos similares.

Los propietarios finales acaban por ser siempre los mismos: Ribalaygua, Laínz, Lopez-Tafall, Lucas Rueda Rugama (sus herederos aún gestionan una sociedad inmobiliaria con su nombre), Casanueva, Garay, Labat, Pérez del Molino, Lostal y Clemente López Marañón. Comparten propiedades que pasan de unas manos a otras en operaciones vertiginosas.

[twentytwenty]  

ZONAS DE SANTANDER EN LA ACTUALIDAD COMPARANDOLAS CON LO QUE QUEDO TRAS EL INCENDIO © ANDRES FERNANDEZ

 [/twentytwenty]

Ocho años después de la primera subasta los precios del suelo han subido de manera espectacular. En el 43 el metro cuadrado en Calvo Sotelo costó 1.400 pesetas. En las subastas del 51, Vicente Fernández de la Torre lo pagó a 7.008 pesetas en la calle San Francisco, donde antes del siniestro tenía alguna propiedad. Dirigió la operación mediante cartas enviadas desde el Hospital Español de Tánger al alcalde de Santander, a quien le proponía “un arreglo” para una permuta o aumentar un 60% el precio de la tasación. El resto de la comercial vía peatonal de San Francisco quedó en manos, entre otros, de Lucas Rueda, Clemente López, Pablo Platón, Fermín Barquín y Francisco Calatayud.

El Archivo Municipal de Santander guarda una extraordinaria cantidad de documentación detallada, prácticamente virgen, sobre la reconstrucción. Algunos legajos certifican las tensiones que se produjeron dentro de la propia corporación por disensiones sobre cómo abordar el proceso. El concejal Fermín Sánchez propuso crear una empresa inmobiliaria municipal y en el verano del 41 algunos nombres propios –José María Jado, Adolfo Mazarrasa y Fernando Barreda- plantearon constituir un sindicato de propietarios, incluidos “los titulares de edificios derruidos por los marxistas”, que gestionase las ventas de solares porque “de existir beneficio es lógico que se reparta y aproveche entre todos los damnificados”. El alcalde escribió a Carrero Blanco quejándose de la iniciativa que, para colmo, el Delegado para la Reconstrucción, Carlos Ruiz García, no veía con malos ojos.

Crisis municipal a bofetadas

Propietarios y comercios, en un primer momento, apostaron por reconstruir lo quemado, mientras el Ayuntamiento prefería empezar de cero. La decisión final de expropiar todo desató una ola de protestas encabezadas por la Cámara de la Propiedad Urbana. Según recoge el historiador Julián Sanz Hoya en su libro ‘La construcción de la dictadura franquista en Cantabria’, en un pleno municipal de 1942 se produjo “una tensa discusión entre el alcalde Pino y el concejal Pedro Escalante, que defendía los intereses de los expropiados”. También, pero por otros motivos, el Gobierno Civil y la Falange, comenzaron a desconfiar de la gestión municipal.

Propietarios y comercios, en un primer momento, apostaron por reconstruir lo quemado, mientras el Ayuntamiento prefería empezar de cero. La decisión final de expropiar todo desató una ola de protestas encabezadas por la Cámara de la Propiedad Urbana. Según recoge el historiador Julián Sanz Hoya en su libro ‘La construcción de la dictadura franquista en Cantabria’, en un pleno municipal de 1942 se produjo “una tensa discusión entre el alcalde Pino y el concejal Pedro Escalante, que defendía los intereses de los expropiados”. También, pero por otros motivos, el Gobierno Civil y la Falange, comenzaron a desconfiar de la gestión municipal.

En marzo del 44 un incidente desató la crisis y acabó con la destitución de Emilio Pino después de que éste llegase a las manos con el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Nárdiz, tras discutir por un solar expropiado copropiedad del segundo en el número 1 de la calle Santa Clara.

El gobernador civil Reguera Sevilla –que pretendía controlar el ayuntamiento y la reconstrucción- aprovechó el incidente para poner la corporación municipal al servicio de Falange. Se nombró alcalde a Alberto Abascal Ruiz y, después, desde el 46 hasta el 67, a Manuel González Mesones.

▲ Hace 75 años, La Ribera fue arrasada por el fuego y solo sobrevivió el edificio de la Delegación de Hacienda.  Foto: Colección Víctor del Campo / CDIS / Ayuntamiento de Santander. En la actualidad la Plaza Porticada alberga la Delegación del Gobierno, Caja Cantabria y Hacienda. Foto Andrés Fernández

Ante la decisión que se tomó de intervenir con una reforma radical, la experta en análisis y ordenación urbana Ángela de Meer considera que “la trama regular ha ofrecido facilidades a la peatonalización de tres de los más importantes ejes comercial (Juan de Herrera, Cádiz y Lealtad), unidas a la calle San Francisco.

La profesora de la Universidad de Cantabria añade que el esquema ortogonal de las calles estableció una parcelación regular a base de grandes manzanas. “Por eso la mayoría de los solares tienen entre doscientos y quinientos metros cuadrados, incluso uno más dos mil metros. Es decir existe una parcelación más regular y de mayores dimensiones, que ha permitido el desarrollo de una arquitectura moderna”, concluye.